La administración estatal actual ha puesto en marcha acciones legales y administrativas para obligar a exfuncionarios a resarcir el daño patrimonial causado durante gestiones anteriores. El caso más destacado es el de Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas, a quien se le ha requerido la devolución de una cantidad significativa de recursos públicos, cercana a los 59 millones de pesos.

Según los informes, la exfuncionaria tiene la oportunidad de evitar una denuncia penal formal si cumple con el reintegro total de los fondos que fueron observados por las autoridades fiscalizadoras. Esta medida se inscribe en la política de cero impunidad y de combate frontal a la corrupción, buscando que los recursos que pertenecen al erario público sean devueltos para ser utilizados en proyectos prioritarios para la ciudadanía.

Además de este caso individual, otros municipios, como Nopala de Villagrán, enfrentan serias deudas heredadas de administraciones pasadas con organismos federales clave como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos pasivos han dejado a las nuevas autoridades locales en situaciones financieras complejas, obligándolas a negociar planes de pago y a simplificar trámites para mejorar la recaudación, mientras se deslindan responsabilidades por la gestión financiera deficiente.