En días recientes, el nombre de Miguel Tello, secretario de Planeación, ha ocupado titulares y espacios de opinión debido a la polémica adjudicación de un contrato en el que resultaron beneficiados familiares directos suyos. El señalamiento ha sido inmediato, se le acusa de haber favorecido a los suyos en un proceso que, por su naturaleza, exige transparencia y distancia de intereses personales. Sin embargo, conviene detenerse en los hechos y en la forma en que se ha construido el relato público.
Es cierto que Tello conocía el procedimiento de adjudicación y estaba al tanto de cómo se desarrollaba el tema. No obstante, también es cierto que no fue él quien tomó la decisión final. Su papel, más cercano a la planeación y al conocimiento del proceso, no lo convierte automáticamente en responsable directo de la adjudicación. Aquí se abre un matiz importante, el saber cómo funciona un mecanismo no equivale a manipularlo, y la diferencia entre conocimiento y decisión es fundamental para cualquier análisis serio.
El problema, sin embargo, no se limita a la esfera administrativa. La otra cara de esta polémica es la manera en que los medios y algunos reporteros han abordado el asunto. En lugar de informar con objetividad, se han colocado en el papel de jueces, dictando sentencias mediáticas sin matices ni contexto. La función del periodismo es informar, contrastar fuentes y ofrecer al ciudadano elementos para comprender la realidad; no erigirse en tribunal que condena sin proceso. Al perder la objetividad, los periodistas no solo afectan la reputación de un funcionario, sino que también erosionan la confianza pública en la prensa misma.
Pero más allá de la figura de Tello y de la prensa, lo que queda en evidencia es la necesidad de poner bien las reglas del juego. Los verdaderos responsables de la adjudicación son quienes toman las decisiones, y su obligación es hacer bien su trabajo, investigar a fondo quiénes son los dueños de las empresas proveedoras del gobierno. Si se aplicara con rigor este principio, muchos contratos quedarían fuera, pues se estima que un gran porcentaje de las proveedurías tienen algún tipo de relación con funcionarios públicos. Este dato revela la magnitud del problema y la urgencia de blindar los procesos para evitar conflictos de interés que, aunque legales en apariencia, resultan cuestionables en términos éticos.
La crítica, entonces, debe ser doble. Por un lado, hacia la administración pública, que debe garantizar mecanismos blindados contra cualquier sospecha de favoritismo, incluso cuando el funcionario no sea el decisor directo. La transparencia no se limita a cumplir la norma, sino a evitar cualquier sombra de duda. Por otro lado, hacia el periodismo, que debe recuperar su vocación de informar con rigor y equilibrio, sin caer en la tentación de convertirse en juez y parte. La sociedad necesita prensa crítica, sí, pero también prensa justa, capaz de distinguir entre hechos comprobados y percepciones.
El caso de Miguel Tello es un recordatorio de que la política y el periodismo se entrelazan en un espacio donde la objetividad es cada vez más difícil de sostener. La ciudadanía merece claridad: funcionarios que actúen con responsabilidad y medios que informen con ética. Solo así se puede construir un debate público que no se reduzca a linchamientos mediáticos ni a defensas corporativas, sino a un ejercicio genuino de rendición de cuentas y de libertad de prensa responsable.
