Pachuca de Soto, Hgo.. La Contraloría Interna del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo ha emitido una resolución determinante en uno de los casos más controversiales de la pasada administración estatal: la pérdida de 863 millones de pesos depositados en Banco Accendo. La sanción administrativa resultante ha dictaminado la inhabilitación de Delia Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas, junto con otros tres exservidores públicos implicados directamente en la operación financiera que llevó al desfalco de los recursos públicos.

Esta acción responde a una exhaustiva investigación que reveló graves irregularidades y omisiones en el manejo y resguardo del patrimonio estatal, confirmando el incumplimiento de las normativas de disciplina financiera y responsabilidad administrativa. La investigación se centró en la decisión de depositar una cuantiosa suma de dinero público en una entidad bancaria que, poco tiempo después, enfrentó una crisis de liquidez que culminó en su declaración de quiebra, haciendo irrecuperables los fondos.

Los exfuncionarios no solo serán inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo significativo, sino que también enfrentarán procedimientos resarcitorios para intentar recuperar el monto total o parcial de los recursos afectados. Este es un paso fundamental en el compromiso del actual gobierno con la erradicación de la corrupción y la aplicación irrestricta de la ley a quienes abusen de la confianza pública. Fuentes dentro de la Contraloría confirmaron que el proceso se llevó a cabo con total apego al debido proceso y respetando el derecho de audiencia de los implicados. Se detalló que la gravedad de las faltas cometidas, que impactaron directamente el presupuesto destinado a áreas esenciales como seguridad y desarrollo social, justifica la máxima sanción administrativa.

El Gobierno de Hidalgo reitera su postura de cero tolerancia ante actos de corrupción y negligencia que comprometan la estabilidad financiera de la entidad. Finalmente, este caso sienta un precedente significativo en la entidad, demostrando la voluntad política de sanear las finanzas y garantizar la transparencia. Se espera que la inhabilitación de estos exservidores públicos disuada futuras prácticas irregulares y fortalezca los mecanismos internos de control, asegurando que los fondos estatales se inviertan con prudencia y de acuerdo con las leyes vigentes para beneficio directo de la ciudadanía hidalguense.