En Tlaxcala, la figura de una diputada ha despertado cuestionamientos sobre la idoneidad de quienes llegan a ocupar cargos públicos sin contar con la preparación suficiente. La improvisación en la política no es un asunto menor, cuando quienes legislan carecen de formación y experiencia, las decisiones que afectan a la ciudadanía se vuelven frágiles, poco fundamentadas y, en ocasiones, reflejo de intereses personales más que del bien común. Este vacío de preparación puede interpretarse como un acto de corrupción institucional, pues se privilegia la lealtad política sobre la capacidad técnica.

La situación no es aislada. En Pachuca, un episodio reciente evidenció cómo la cercanía con el poder puede derivar en actitudes de prepotencia. Un personaje que se ostenta como “perro” de una senadora protagonizó un acto de agresión, cruzando la línea del respeto y mostrando cómo la influencia política puede distorsionar la convivencia social. Este tipo de conductas no solo son inadmisibles, sino que reflejan un abuso de la posición pública para intimidar y someter.

La política debería ser un espacio de servicio y diálogo, no un terreno para la arrogancia ni la violencia. Sin embargo, cuando la falta de preparación se combina con la prepotencia, se genera un caldo de cultivo para la corrupción y el autoritarismo. La ciudadanía merece representantes capaces, responsables y conscientes de que el poder es un mandato otorgado por el pueblo, no un privilegio para ejercer con soberbia.

Y aquí surge una pregunta obligada. ¿No deberíamos, al momento de elegir a nuestros representantes públicos, analizar antes que nada de quién se rodean y si realmente están capacitados para ocupar el cargo?